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Filtración de datos

Thomson Reuters Court Software Breach May Have Exposed SSNs and Sealed Data

Fuente: The Hacker News Publicado: 03/09/2026 · 14:39 UTC Resumen generado con IA (Gemini) a partir del artículo completo — no es una cita textual; consulta la fuente para el texto exacto. No se pudo traducir el título automáticamente (se muestra el original).Resumen generado con IA (Gemini) a partir del artículo completo — no es una cita textual; consulta la fuente para el texto exacto.
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Filtración de datos Thomson Reuters Court Software Breach May Have Exposed SSNs and Sealed Data
Imagen: The Hacker News

Una filtración afectó a la plataforma de gestión de casos judiciales C-Track, operada por la filial West Publishing Corporation de Thomson Reuters, permitiendo que un tercero no autorizado obtuviera archivos. El acceso no autorizado a los datos ocurrió en el periodo comprendido entre marzo y junio, y fue descubierto por la empresa a finales de junio. Este incidente compromete información de tribunales situados en varios estados de Estados Unidos, las Islas Vírgenes de EE. UU. y Ontario, en Canadá. Entre los datos expuestos podrían encontrarse nombres de personas, números de Seguro Social, fechas de nacimiento, licencias de conducir, información médica y de seguros de salud, así como datos de carácter confidencial, censurado o sellado.

Las repercusiones y declaraciones varían según la jurisdicción afectada. Por ejemplo, en Montana se indicó que el material sustraído correspondía a copias de seguridad almacenadas en los servidores de Thomson Reuters para labores de resolución de problemas, mientras que en Alabama se señaló que dichos respaldos se encontraban en el entorno en la nube de la empresa sin conocimiento ni solicitud de los tribunales locales. Por su parte, la Corte Suprema de Ohio informó que la intrusión ocurrió en la plataforma de producción del tribunal que aloja los datos de los distritos de apelación usuarios del sistema, y en Wyoming se vio afectada información histórica de personas que interactuaron con la justicia estatal en un rango de diez años. Otras regiones, como Kentucky, aclararon que sus sistemas de presentación electrónica de primera instancia no utilizan proveedores externos y no se vieron afectados.