Defense and aerospace firm settles with government over allegedly failing to meet cybersecurity contract requirements
Una empresa de defensa y aeroespacial con sede en Delaware ha alcanzado un acuerdo con agencias de Estados Unidos para resolver acusaciones gubernamentales sobre el incumplimiento de obligaciones de ciberseguridad en sus contratos. La entidad conocida colectivamente por el gobierno como ILC aceptó el pago de una cantidad millonaria para solucionar las alegaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas relacionadas con acuerdos mantenidos con la NASA, la Agencia de Defensa de Misiles y el Departamento del Ejército.
El gobierno sostuvo que la compañía presentó solicitudes de pago fraudulentas o falsas al estar al tanto de que no cumplía con los estándares de ciberseguridad contractuales durante un periodo determinado. Entre los señalamientos, se indicó que la empresa utilizó a un tercero para almacenar información delicada en la nube sin las protecciones adecuadas y que omitió la creación y actualización de planes de seguridad obligatorios para sus sistemas informáticos protegidos.
Por su parte, la compañía matriz de ILC Dover explicó que heredó este problema tras adquirir la firma y que actuó con rapidez para atender las deficiencias identificadas, logrando cumplir con las exigencias aplicables posteriormente. Asimismo, el acuerdo financiero alcanzado representa una de las penalizaciones de mayor envergadura desde que el Departamento de Justicia empezó a aplicar dicha normativa contra contratistas por deficiencias en ciberseguridad.
El denunciante anónimo o alertador en este caso, quien se desempeñaba como director de ciberseguridad de la empresa, recibirá una porción del acuerdo económico acordado. En tanto, abogados especializados en contratos gubernamentales advierten que una futura reforma en las regulaciones podría exponer a un mayor número de compañías a sanciones similares bajo esta legislación.