Cómo la política fiscal puede impedir que los actores maliciosos vulneren los sistemas de abastecimiento de agua de EE. UU.
Las infraestructuras críticas y los servicios públicos esenciales en Estados Unidos, administrados habitualmente por gobiernos estatales y locales, sufren constantes incursiones por parte de atacantes respaldados por potencias extranjeras. La situación se agrava debido a que los presupuestos de estas entidades resultan insuficientes para implementar las defensas digitales necesarias contra amenazas activas, como lo demuestran alertas recientes sobre dispositivos de control industrial vulnerables y ataques previos que afectaron sistemas de agua en Texas y diversas localidades de Minnesota.
Ante la falta de recursos económicos y el estancamiento o reducción de los presupuestos destinados a la seguridad informática, las agencias locales enfrentan serias dificultades para proteger sus operaciones. Muchas de estas administraciones operan con personal mínimo y dedican sus fondos limitados a necesidades físicas urgentes, dejando de lado la adquisición de programas de protección, el monitoreo de redes y el personal especializado en ciberseguridad, lo cual deja al descubierto una parte vulnerable del país frente a adversarios extranjeros.
Para resolver este problema sin recurrir a la creación de nuevos programas gubernamentales propensos a demoras burocráticas, se plantea utilizar la política fiscal existente para incentivar la inversión en programas y equipos de seguridad digital. Esto podría lograrse mediante la inclusión de herramientas digitales en las deducciones fiscales y aclarando aspectos de la normativa tributaria actual, lo que permitiría a las organizaciones y operadores de infraestructura acceder a soluciones del sector privado para fortalecer su resistencia ante la ciberdelincuencia.